La asociación de consumidores presentó un recurso en lo contencioso administrativo en el marco de la ley 10.000, fundamentado en la mora que la Provincia de Santa Fe tiene al no reglamentar la ley 13.112 que fue sancionada el 19 de agosto de 2010 a iniciativa del diputado del PJ Marcelo Gastaldi.

El Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), a través de su Programa del Servicio de Asesoría al Consumidor (Sac), presentó el viernes 16 de septiembre un recurso contencioso administrativo en el marco de la Ley 10.000 de intereses difusos, intimando al Gobierno de Santa Fe respecto a la reglamentación de la Ley Nº 13.112/10.

Esta norma, que fuera presentada en la Cámara de Diputados santafesina por el legislador Marcelo Gastaldi, y debatida junto a otras iniciativas de los diputados Pablo Javkin y Hugo Marcucci, permite que los usuarios que se inscriban en el registro creado, dejen de recibir publicidad constante a través de distintos medios que las empresas utilizan para llegar a potenciales clientes.

Según precisó María Laura Campás, abogada del Cesyac, “con esta ley en marcha evitaremos que sigamos siendo rehenes de llamados telefónicos y mensajes grabados tanto a las líneas fijas cómo móviles de telefonía”.

El recurso presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Provinciales con asiento en Rosario, solicita al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de la Producción, a la Dirección General de Comercio Interior y a la Cámara de Diputados provincial que informen y respondan los procedimientos realizados en el marco de la ley mencionada.

Al respecto, el Presidente del Cesyac, Juan Marcos Aviano, afirmó “nuestra asociación ha venido teniendo una línea de acción que intentó por las vías administrativas resolver los conflictos entre usuarios y empresas o el propio Estado, pero en este caso particular hemos visto que la mora está provocando perjuicios a miles de usuarios y el «Registro No Llame» funcionando en Santa Fe significará un gran avance para todos. Esperamos que ahora en la instancia judicial, la Provincia entienda que esto tiene que hacerse sin más dilaciones”, al tiempo que aclaró: “hemos visto predisposición de legisladores y de la propia autoridad de aplicación (la Dirección General de Comercio Interior) en avanzar con esto, pero no así desde el Ministerio de la Producción propiamente dicho y de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial”.

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