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El Gobierno formalizó la resolución que ordena a las empresas de telefonía móvil a cobrar las llamadas sólo desde el momento en que se concrete la comunicación y dispuso un plazo de 30 días para ajustarse a la normativa.
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El IDR y el Cesyac encabezaron junto al Enress la conferencia que hizo público este espacio de seguimiento y monitoreo de los servicios sanitarios que se propone llevar a cabo en toda la provincia de Santa Fe. Asistieron varios bloques de la Legislatura.
Ahora se espera al respueta del organismo de control de las concesiones viales, y también se insiste en el incumplimiento del deber de informar al usuario con anticipación los ajustes de tarifas.